Diputadas de distintos bloques solicitaron contener en la provincia el clima de violencia escolar

La diputada Noemí Isasmendi, del Bloque de Diputados Justicialista, señaló que la violencia en las escuelas, manifestada a través de entornos digitales, ha alterado el normal desarrollo de las actividades educativas y el acceso al derecho a la educación. Isasmendi vinculó esta situación a un contexto social donde “las violencias que están marcadas desde lo verbal, lo simbólico, lo institucional, lo económico, hoy hacen de ella en un sector más vulnerable como son escuelas o las escuelas educativas que no están preparadas para abordar esta situación”.

La funcionaria criticó los discursos públicos que “naturalizan y legitiman la hostilidad, la agresión por parte del presidente de la nación”, y enfatizó que “la escuela tiene que ser un espacio de protección” y el Estado un “garante activo”.

Sobre otro tema en su alocución mencionó la reconfiguración del programa Remediar, que afecta a los sectores más vulnerables, y la fragilidad del servicio sanitario en Santa Clara, donde existe “mucha gente sin turno, mucha gente afuera del sistema, mucha gente sin atención y mucha gente perdiendo la vida”.

A su turno, la diputada Natalia Morales, del Frente de Izquierda, atribuyó la situación a “las políticas de ajuste del Gobierno nacional, del Gobierno provincial que profundiza la crisis social y económica”. Morales denunció que la respuesta del gobierno de Jujuy ha sido el “punitivismo”, con la “presencia policial” en las escuelas, lo que considera una “falsa solución” y una “política de disciplinamiento, no de cuidado”.

Afirmó que “es más barato mandar un patrullero que invertir en salud mental y condiciones de vida”. La diputada reveló que, según un informe, existen “solamente 103 profesionales para toda la provincia” para abordar la crisis en más de 700 establecimientos educativos. Desde su bloque, exigió el cese de las notificaciones judiciales y la presencia policial en las escuelas, argumentando que “las escuelas no son comisarías y las aulas no son juzgados de falta”.

Finalmente, la legisladora Alicia Ester Sosa, del bloque Primero Jujuy, hizo un llamado a la acción conjunta para proteger a los estudiantes, priorizando el diálogo y el rechazo total a la violencia. Sosa instó a establecer “acciones concretas de trabajo y darle lugar para los establecimientos que tengan un lugar de escucha para los estudiantes”, y solicitó a las familias “el mayor control posible respecto del uso de las redes sociales de nuestros jóvenes”.

Subrayó la importancia de no “normalizar o naturalizar esta realidad, la violencia sin límite”, para evitar que las futuras generaciones crean que “solo con agresión, amenazas o cualquier forma de violencia puede llamar nuestra atención y lograr su objetivo”.